En la Industria petrolera mundial se ha dado un progresivo movimiento de liberalización y de integración internacional, en el que se ha combinado la autonomía de las empresas públicas y la apertura hacia el capital extranjero. En este proceso se observa, por una parte, un cambio en la relación de poder entre los distintos actores (autoridades públicas, empresa estatal, inversionistas privados), y por el otro, una reorientación estratégica en la trayectoria de la industria, cuyo avance lo controlan ya no tanto los dueños de los recursos naturales como los que poseen la innovación tecnológica.
Estas nuevas tendencias repercuten indudablemente en las empresas petroleras nacionales de los países productores
1. Antecedentes nacionales
1.1 La importancia del petróleo a nivel nacional
En México las dinámicas de cambio del sector de hidrocarburos, son influidas por una serie de especificidades históricas, culturales, políticas, institucionales, económicas, industriales y sociales, las cuales acompañan invariablemente las discusiones y la toma de decisión en esta materia. Veamos algunas de ellas.
PEMEX emana de un decreto presidencial publicado el 7 de junio de 1938. Desde entonces, ha funcionado como una empresa descentralizada del gobierno federal, dotada de un carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Producto de una nacionalización que ha sido asimilada a la reconquista de la soberanía y la dignidad nacionales; su misión ha consistido en administrar, aprovechar, transformar, comercializar y conservar un recurso no renovable, de interés fundamental para la soberanía nacional y de enorme trascendencia para la estructura económica del país.
De ahí que en este sector se manifestó con fuerza el modelo político vigente en esos años1. Desde el año 1938 en que se expropió la industria, se nacionalizó el recurso y se estatizó su aprovechamiento, quedó reservado prácticamente en su totalidad al sector público, desde la exploración y producción hasta la comercialización, comprendiendo la refinación, los derivados del petróleo susceptibles de servir como materias primas industriales –petroquímica básica- y el proceso de almacenamiento, distribución y ventas de primera mano. La protección estatal se extendía hasta la regulación de los petrolíferos, cuya elaboración no estaba reservada al Estado al establecer, en el Reglamento de la Ley Reglamentaria del art. 27 constitucional, que se procesarían por conducto de PEMEX, por empresas subsidiarias o por empresas de participación estatal “formadas integralmente por mexicanos” (art. 3º ).
Por otra parte, el complejo petrolero es vital para la economía del país: productor y proveedor de energía primaria y bienes estratégicos, es también un demandante importante de insumos y servicios. La importancia de este hidrocarburo en las finanzas públicas es enorme, pues se estima que durante el sexenio foxista los recursos del sector público estuvieron compuestos en un 34.66% en promedio, por recursos petroleros (tan sólo en 2006 los ingresos petroleros aportaron 435,713.40 millones de pesos al sector público)2. Asimismo, su peso es esencial para implementar políticas de índole social: durante el 2004, por ejemplo, el 50% de los ingresos excedentes del petróleo, se destinaron a programas y obras de infraestructura en las entidades federativas3.
De igual forma representa un globo de oxígeno que aumenta considerablemente el margen de acción de los distintos gobernantes, además de ser el garante de la deuda pública o externa del país.
1.2 El modelo sindical de PEMEX
Desde 1947, cuando el gobierno de Miguel Alemán Valdés decidió la liquidación del comité ejecutivo del sindicato petrolero4, se inició la configuración de un modelo de relaciones laborales en la industria, definido por los siguientes puntos:
Seguridad laboral
Espectro amplio de seguridad social que incluía servicios médicos, educación, vivienda, centros recreativos y ayuda para consumos básicos.
Propiedad de la plaza laboral con prerrogativas hasta para poder heredar y, por lo mismo, predominio de las vías familiares como fuente de reclutamiento laboral.
Mecanismos de ascenso y promoción escalafonaria determinados por criterios de antigüedad, mucho antes que los de capacitación.
Limitaciones para utilizar el mecanismo de transferencia a otras unidades laborales dentro de la misma industria.
Injerencia significativa del sindicato en la organización de los procesos de trabajo y en el reclutamiento de personal, de modo que incluso tenía el derecho de asignar el personal a las empresas contratistas que realizaban trabajos para la paraestatal.
Además, por acuerdos contractuales o por convenios entre la empresa y el sindicato, éste último desarrolló una cultura patrimonialista determinada por la participación que se le otorgó como co-beneficiario de la explotación del petróleo. Entre sus recursos se encontraban los siguientes:
El derecho a usufructuar el 2% del valor global de las obras emprendidas por los contratistas para PEMEX –cláusula 36 del Contrato Colectivo de Trabajo (cct)5. También les proporcionaba el personal y recibía, por tanto, sus cuotas sindicales.
Desde 1947 el derecho a participar como contratista.
A partir de 1977, en pleno auge petrolero, se reservó el 40% de los trabajos de perforación, la prerrogativa de subarrendar contratos y de suministrar los trabajadores a las compañías privadas de perforación.
Asignaciones económicas directas de la empresa en distintos rubros: para obras sociales, unidades productivas del organismo laboral y para sus operaciones normales, así como un buen número de comisionados sindicales y cuantiosas prebendas económicas para sus líderes.
Este complejo económico propio que corría paralelo a sus funciones gremiales, fue facilitando a sus líderes el acceso a espacios privilegiados en las estructuras de poder político, tanto en el sindicalismo oficialista como en el partido oficial, lo que les permitió la ocupación de cargos de elección popular que iban desde el control de presidencias municipales y cuotas en la Cámara de Diputados, hasta escaños en el Senado de la República.
Este esquema de relación contractual y de sindicalismo originó dos tipos de situaciones: por un lado, posibilitó el fortalecimiento del sindicato como un organismo con un grado considerable de autonomía respecto a la empresa y al Estado y con una influencia determinante en el manejo de la industria petrolera, afianzando a la vez a un grupo de líderes sindicales en la dirección del gremio. Por el otro, gravó considerablemente los costos de operación de la empresa, por el abuso en que incurrió el sindicato al obtener ventajas de los derechos adquiridos como co-beneficiario de la explotación del crudo.
2. Presidencialismo y reformas estructurales en PEMEX (1983-2006)6
Hasta la década de los ochenta, las consideraciones de orden político, social y simbólico (soberanía nacional), de un lado, y las económicas, del otro, habían logrado coexistir de forma más o menos exitosa. Sin embargo, el modelo neoliberal puesto en vigor en estos años, la entrada de México en el GATT y la firma del TLCAN, con la consecuente presión de los socios del norte para formar un mercado regional energético y para que nuestro país se comprometiera a mayores ventas de crudo y autosuficiencia en gas natural, paulatinamente fueron inclinado la balanza a favor de los intereses del capital privado.
Pemex se había regido, por un modelo clásico de organización centralizada con integración vertical, cuyos objetivos eran más políticos que económicos: satisfacer las necesidades internas de petróleo barato para responder a la demanda interna y fomentar el desarrollo industrial del país. La organización centralizada era un medio eficaz de control.
Sin embargo, progresivamente se introdujeron cambios organizacionales en la paraestatal, que pretendían a la vez flexibilizar el funcionamiento de la empresa y transparentar los manejos administrativos, sin tener que enfrentarse con los limitantes constitucionales. Estos cambios siguieron fundamentalmente tres líneas: creación de estructuras nuevas, y reorganización de la empresa petrolera, así como modificación de las relaciones laborales. Todos ellos implicaron reformas legales7.
2.1 Período de 1983 a 1991
a) Las nuevas estructuras
Uno de los primeros cambios en este sentido se dio en 1983, con la pretensión de reformar el Instituto Mexicano del Petróleo, brazo tecnológico de Pemex, el cual hasta entonces se había destinado a fines exclusivos de investigación, estudio y desarrollo tecnológico. Con la reforma del 23 de octubre de 1983 (y la posterior del 30 de octubre de 2001) se incluyó dentro de sus objetivos: la contratación y ejecución de obras y prestación de servicios, así como la comercialización de los productos y servicios resultantes de sus actividades de investigación y desarrollo tecnológico.
Posteriormente, en 1989 se creó PEMEX Comercio Internacional, S.A de C.V (pmi)8, una empresa pública dotada de personalidad jurídica propia, encargada de comercializar los productos petroleros en el mercado internacional. Hasta entonces la Coordinación Ejecutiva de Comercio Exterior buscaba únicamente deshacerse de los excedentes de la producción local. Por el contrario, PMI buscó optimizar los beneficios en las transacciones comerciales en todos los niveles- producción, refinación y distribución- con lo cual fomentó una cultura de empresa diferente. En vez de privilegiar la construcción de un proyecto petrolero complejo, nacional e integrado, se privilegiaba la venta internacional del petróleo crudo, de la que se esperaban las mayores ganancias en el corto plazo.
Por otro lado, el trabajo se organizó a través de profit centers, es decir, grupos extremadamente fluidos y flexibles que se constituían de manera coyuntural alrededor de un negocio. Se privilegiaban las relaciones horizontales entre las diferentes categorías de personal sobre la jerarquía tradicional. Una organización más pequeña y fluida, pero que exigía, también, dividir el proyecto petrolero y estandarizar una lógica de mercado, para hacerlo manejable para los nuevos grupos de trabajo.
b) El rompimiento del sindicalismo patrimonialista y la reestructuración de PEMEX en los Contratos Colectivos de Trabajo
El tipo de reestructuración que se pretendía generar en PEMEX, requería de cambios en las relaciones con los trabajadores de la empresa, fue así como el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se inauguró con la determinación de liquidar el problema político que significaba la dirigencia del sindicato petrolero. Sus objetivos, entre otros, eran modificar el contrato colectivo en los puntos que obstaculizaban la modernización y productividad de la empresa petrolera, y sentar las bases para definir una nueva política del sector, acorde con la liberalización y la apertura económica.
Para muchos sectores sociales, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (stprm), su dirigencia y el modelo contractual establecido en PEMEX, eran los principales obstáculos a la política que el gobierno quería seguir. Por ello el golpe policiaco-militar contra el viejo cacique sindical Joaquín Hernández Galicia “La Quina” (apresado junto con 31 de sus seguidores por más de 100 soldados el 10 de enero de 1989), además de legitimar la presidencia, a ojos de la mayoría de la población, otorgó a Salinas de Gortari el control del sindicato petrolero9. El 2 de febrero de 1989, Sebastián Guzmán Cabrera ocupó la dirección del sindicato petrolero en una maniobra operada por la Secretaría de Gobernación. Desde ese momento, el discurso y la plataforma política de la dirigencia petrolera se enfocó a restringir su acción a los asuntos estrictamente laborales en su relación con la empresa y a apoyar las iniciativas de reforma propuesta por la administración petrolera.
El golpe dado al stprm terminó con cualquier tipo de resistencia fuerte a la reforma y permitió desarticular en buena medida el movimiento sindical patrimonialista anterior a 1989, ya sea a través de la movilización, jubilación y/o liquidación de los cuadros superiores y medios vinculados al “quinismo”, como por medio de la liquidación de las prebendas al sindicato y la legislación de nuevos roles y funciones para éste y para la empresa, explicitados en los contratos colectivos de trabajo.
Asimismo conllevó un cambio generacional y profesional importante entre los mandos (medios y superiores) de la empresa. Transformar PEMEX implicó en efecto promover nuevas relaciones entre la empresa, el gobierno y los trabajadores. El Contrato Colectivo de Trabajo (cct) que controlaría la relación laboral entre 1989 y 1991 favoreció la implantación de la política de racionalización, eficiencia y reducción de costos a través de los siguientes mecanismos:
Transferencia de algunas categorías laborales al renglón de confianza
Incremento del margen de maniobra para la disposición de personal y equipo
Liquidación de las cláusulas que hacían fluir grandes recursos al sindicato.
Con fundamento en estos acuerdos, la empresa aplicó el despido de transitorios o los transfirió a definitivos (728 plazas durante 1990), potenció su capacidad de mando al trasladar a categoría de confianza a trabajadores que ejercían funciones de dirección, supervisión, fiscalización y vigilancia (entre julio y agosto de 1989, fueron transferidas 9896 plazas sindicales a de confianza) e inició un ambicioso programa de liquidaciones, jubilaciones y de cancelaciones, reducción o supresión de plazas. Igualmente creó la cobertura necesaria para planear la reorganización estructural de la industria sin trabas contractuales10.
2.2 Período de 1991 a 1993
a) La reorganización de la empresa petrolera
La preferencia de los actores gubernamentales y la empresa por una opción intermedia de privatización, fue respaldada por el entonces subdirector de planificación de PEMEX, Adrián Lajous. El núcleo de la reforma consistió en reorganizar administrativa y estructuralmente a PEMEX. Dos ideas precedieron esta reestructuración administrativa: por un lado se evaluó el peso y la naturaleza de la injerencia del Estado en PEMEX y, por el otro, el peso de la función empresarial. Relacionando ambas la pregunta era: ¿qué significa para PEMEX ser una empresa de Estado?
Para responderla, a nivel de discurso, se trató de desvincular en el concepto de Estado lo que se refiere al “gobierno” (con sus funciones de autoridad y reglamentación), de lo que se refiere a la “nación” (o función nacional que le es otorgada por su estatuto jurídico y la calidad de propietario único, con lo que esto implica de administración y gestión). En otras palabras, se buscó desvincular a Pemex de sus funciones políticas latentes, como por ejemplo, “ser autoridad en Tabasco”, y en cambio, se subrayó la necesidad de introducir criterios económicos y no políticos como modalidad esencial de funcionamiento.
Sobre esta base conceptual, se hizo la reestructuración de la empresa de Estado, fundados en criterios propiamente económicos, es decir, teniendo como objetivo concentrar PEMEX en aquello que, según la opinión de los reformadores, representa sus actividades básicas (la exploración y la producción de crudo) en detrimento de actividades de transformación de los hidrocarburos o ciertos servicios ligados al gas natural. De este modo, PEMEX se empezó a deshacer de varias áreas (construcción, ingeniería, servicios de logística, etc), las cuales se otorgaron en subcontratación a compañías privadas. Empezó así un proceso de privatización parcial, con un valor político y estratégico muy diferente de aquella que hubiese consistido en vender todo o parte de los activos centrales.
Las medidas que aseguraron esta privatización fueron:
Reforma a la Ley Orgánica de PEMEX (1992)
De ser una empresa organizada de forma vertical y que funcionaba de manera global, PEMEX pasó a ser una empresa dividida en un holding, integrado por una estructura central (el Corporativo) y cuatro empresas filiales (subsidiarias). Se introdujo una administración en base a líneas de ne0000000000000000000000000000000gocios y también se descentralizó el poder (PEP por ejemplo, se instaló en Tabasco). Cada subsidiaria tenía su responsabilidad financiera, legal y patrimonial, de modo que se notara con claridad en cuál de las filiales había pérdida o ganancia. Asimismo, se introdujeron los conceptos de costo de transacción y costo de oportunidad11 .
Estructura administrativa de Pemex (hasta julio de 1992)
Creación de un marco regulatorio
En 1993, se establecieron leyes e instituciones para facilitar el proceso de desregulación y de desincorporación. La normatividad establecida fue de dos tipos: reglamentos genéricos, aplicables a cualquier sector; y los específicos, que tenían como misión enmarcar el funcionamiento del mercado.
Dentro de los primeros, encontramos a la Ley Federal de Competitividad (del 22 de junio de 1993) que buscaba eliminar las barreras artificiales a la participación de las nuevas empresas en los diferentes sectores y sancionar las conductas anticompetitivas de los agentes económicos. Para asegurar el cumplimiento de la ley, se creó la Comisión Federal de Competencia Económica, agencia administrativa vinculada a SECOFI (hoy Secretaría de Economía ), que gozaba formalmente de autonomía técnica y operativa, y cuyo objetivo era evidentemente, buscar y eliminar, en caso necesario, los monopolios y diversas prácticas monopólicas, poniendo bajo tutela el comportamiento administrativo (obras públicas, compras, funcionarios). Asimismo, el 23 de diciembre de 1993, se publicó en el Diario Oficial la Ley de Inversiones Extranjeras (la anterior había sido promulgada en 1973). Con estos mecanismos se buscó crear las condiciones de mercado que facilitaran el acceso de las empresas particulares a Pemex.
Por lo que respecta a la reglamentación e instituciones específicas, por decreto del 4 de octubre de 1993, se crea la Comisión Reguladora de la Energía (cre), la cual sin embargo, no mostraría toda su fuerza sino hasta un par de años después.
c) La consolidación de la reestructuración en los CCT
La reestructuración también continuó en el ámbito laboral. En el CCT de agosto de 1991 a julio de 1993 la empresa redondeó y consolidó su pretensión de obtener un amplio margen de libertad para el manejo de la industria y la definición de sus políticas de desarrollo.
En este sentido, uno de los puntos fundamentales para permitir el acceso de empresas subcontratistas a PEMEX fue la eliminación de la injerencia del sindicato sobre los contratistas para emplear a sus agremiados; esto quedó a nivel de sugerencia, y sobre la empresa para que pueda recurrir con absoluta libertad a los servicios de terceros (cl. 34).
Otro de los “avances” de la empresa petrolera en este cct fue el derecho del patrón a “girar las instrucciones y órdenes para la ejecución y desarrollo de todos los trabajos de la industria”, al igual que la aceptación legal de que “el patrón tendrá amplias facultades para modernizar sus instalaciones y simplificar sistemas o métodos de trabajo que permitan un efectivo incremento en la productividad” (cl. 7 y 20). Sobre éste último punto y de acuerdo con el Plan Maestro de productividad de PEMEX, las partes acordaron la creación de la Comisión Mixta de Escalafones y Ascensos y la Comisión Nacional Mixta de Productividad, que servirían para normar los procedimientos respectivos.
De manera parecida se canceló de manera definitiva el pago del 2% del valor de las obras realizadas por terceros al sindicato y la obligación de entregar a la representación gremial los salarios no reclamados; además con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de PEMEX, en julio de 1992, se profundizó el proceso de reestructuración empresarial que, entre otros cambios importantes, condujo a la desaparición de la Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras, instancia en la que el sindicato fincaba la parte substancial de sus ingresos extracontractuales12.
Uno de los efectos fundamentales de la política de reestructuración y modernización de PEMEX, ha sido la reducción sistemática de la planta laboral. En este sentido, el nuevo documento contractual canceló el límite porcentual de personal de confianza en la empresa (lo que permitió transferir 5156 plazas sindicales a de confianza en julio-agosto de 1991 y reagrupar 2055 en ese mismo mes)13, dio libertad al patrón para movilizar a los trabajadores sindicalizados en toda la República Mexicana, simplificó los procedimientos para liquidar y jubilar personal de manera anticipada, y abrió la posibilidad de descenso de categoría como procedimiento para facilitar la reorganización de la industria y hasta para presionar renuncias o jubilaciones anticipadas. En cuanto a los criterios para la contratación de personal y los procedimientos de ascenso, la empresa estipuló mecanismos de calificación por la vía de concurso y sumó al criterio de “antigüedad” y “aptitud” el de “conducta laboral”, que es valorado por medio de la evaluación de la “disciplina”, la “asistencia”, los de “interés e iniciativas” y la “cooperación” demostrados por el trabajador en sus responsabilidades hacia la empresa (cfr. cct, Reglamento de Escalafones y Ascensos, Anexo 2, art. 21, iniciso c, pp. 295 y 296).
De acuerdo a los especialistas en el tema, las cifras sobre la planta laboral en PEMEX entre 1988 y 1993 son de difícil reconstrucción debido a la inexistencia de cifras confiables por la empresa. En general, las fuentes parecen coincidir en que en ese periodo la planta laboral se redujo entre un 42.8 y un 50% (lo que significa que para esos años la empresa tenía cerca de 90 mil trabajadores o 120 mil, en dependencia del número de empleados que se tome como base para 1989, que en unos casos es de 210 mil y en otros de 240 mil). Para algunos investigadores, el total de personal jubilado, liquidado o cancelado desde enero de 1988 hasta diciembre de 1992 ascendió a aproximadamente 47,787 trabajadores, aunque reconocen que la cifra puede ser incompleta.
Año
Total
1988
Jubilaciones tramitadas (a)
2 907
1989
Jubilaciones tramitadas
3 536
Liquidaciones pactadas
607
Subtotal
4 143
1990
Jubilaciones tramitadas
3 590
Liquidaciones pactadas
154
Plazas canceladas, reducidas o suprimidas
34
Subtotal
3 778
1991
Jubilaciones tramitadas
5 368
Liquidaciones pactadas
4 201
Liquidaciones y jubilaciones
509
Plazas canceladas, reducidas o suprimidas
7 849
Subtotal
17 927
1992
Plazas canceladas, reducidas o suprimidas
12 376
TOTAL
41 131
(a) Las jubilaciones tramitadas son ajenas a las jubilaciones tramitadas por “estado actual de salud y aptitud laboral”
Nota: se presentan juntos datos de liquidaciones, jubilaciones y cancelaciones, reducciones o supresión de plazas porque aunque éstas últimas no suelen estar ocupadas por trabajadores sino que son plazas vacantes, su existencia reduce la capacidad laboral potencial de la empresa y los ascensos a plazas mejor remuneradas para un conjunto de trabajadores.
Sin embargo, otros consideran que la cantidad es mucho mayor. Así por ejemplo, durante el seminario “Petróleo: Desarrollo y Perspectivas, Democracia Sindical y Derechos de los Trabajadores”, organizado en 1993 por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y el Movimiento nacional Petrolero (mnp), tanto el líder de este movimiento, Hebraicaz Vázquez, como otros académicos y ex funcionarios de PEMEX, confirmaron la reducción de cerca de 90 mil trabajadores en la paraestatal. Además, el Director del Corporativo de Administración de PEMEX, Cuauhtémoc Santa Ana, afirmó a la prensa que en esos cinco años (1988-1993) se había reducido la planta laboral a 120, 000 después de desplazar a 120,000 trabajadores, por lo que hace suponer que en su criterio en 1989 habían 240 mil trabajadores en la paraestatal15.
Núm. de trabajadores
Variación de la planta
1986
186 117
1987
210 157
24 040
1988
170 766
1989
170 183 ó 210 000
1990
182 996
-27 161
1991
147 000
-35 996
1992
136 207
-10 793
1993
120 000
-16 207
Total
-90 157
Fuentes: subgerencia de información de PEMEX, Anuario estadístico de PEMEX 1988, censo de trabajadores Activos de PEMEX, diversas fuentes periodísticas.
Otro de los efectos laborales de la política de reestructuración fue la disminución de la erogación por concepto salarial: en 1988 (3.9% de lo presupuestado), 1989 (-9%), 1990 (-43.4%), 1991 (-34.6%), 1992 (-12.9%), de acuerdo a Informes al Consejo de Administración. Esto mismo, aunado a la política de reajuste de personal y de intensificación del trabajo, derivó en la reducción de un 20 a 30% del costo de producción por barril. Asimismo, la transferencia de una cantidad significativa de trabajadores sindicalizados al régimen de confianza, facilitó una mayor exigencia productiva al personal empleado y una disminución en los gastos por prestaciones laborales.
Una mención especial merecen los trabajadores de empresas contratistas de PEMEX. Como ya se ha mencionado, antes del encarcelamiento de la plana mayor del sindicato petrolero, los trabajadores de PEMEX y compañías contratistas laboraban y prestaban sus servicios bajo las condiciones y prestaciones del contrato colectivo firmado entre PEMEX y el sindicato. Lo cual hacia que no hubiera diferencia entre uno y otro grupo de trabajadores, pero es bajo esta situación de intimidación que, a partir del mes octubre de 1990, se establece una notable diferencia entre las condiciones de trabajo del personal de PEMEX y el de las compañías contratistas, sobre todo las relacionadas con la perforación y terminación de pozos.
El primer efecto de esto fue la reducción en los salarios de hasta un 40%. Para 1992 PEMEX despide, de diferentes formas, cientos de técnicos y obreros calificados, que, curiosamente, engrosarán las filas como trabajadores de las compañías contratistas, para 1993, ingresan como parte del Tratado de Libre Comercio y por medio de licitaciones de carácter internacional, a trabajar al país compañías extranjeras en sociedad con mexicanas con unos contratos llamados “llave en mano” en los cuales los costos de la perforación de un pozo en el mar corrían por cuenta del contratista y hasta la terminación del mismo, PEMEX liquidaba la obra17.
Para los trabajadores, esto significó un aumento en los ritmos de trabajo, jornadas extenuantes y mayor presión por el hecho de estar trabajando contra reloj todo el tiempo. Lo único que continuó disminuyendo fueron los salarios y prestaciones. Para el año de 1993, “aparecen” por la zona marina los sindicatos de protección y se comenzó a obligar a los trabajadores, antes de firmar un contrato de trabajo, a firmar una hoja de solicitud “voluntaria” para determinado sindicato, en el entendido que si no se firmaba la afiliación al sindicato, pues no habría trabajo18, todo lo cual constituye una clara violaci{on a la Ley Federal del Trabajo .
2.3 Período de 1994 a 1997
a) El Oil Proceeds Facility Agreement (OPFA)
Durante la primera mitad del sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), los cambios en el sector de hidrocarburos siguieron las pautas marcadas en el anterior.
A principios de 1995, en medio de la grave crisis financiera y nacional (por la fuerte devaluación del peso), el nuevo secretario de Hacienda –Guillermo Ortiz Martínez- dio a conocer en Washington un plan de nueve puntos que el gobierno de Zedillo había firmado con el de Estados Unidos. Este acuerdo estructural –North American Framework Agreement, NAFA-, preveía un préstamo del gobierno de los estados Unidos (y del Fondo Monetario Internacional) de veinte mil millones de dólares. A cambio, las partes firmaron el Oil Proceeds Facility Agreement (OPFA), que hipotecaba el petróleo del país como garantía de pago. Además, el gobierno se comprometió a fomentar la privatización de las centrales de generación eléctrica y complejos petroquímicos, así como a ofrecer en concesión a los particulares los segmentos de distribución, transporte y almacenamiento de gas natural. Este acuerdo fue aprobado por el Congreso mexicano en 1995, sin lectura19.
Las principales medidas adoptadas durante la primera mitad del gobierno de Ernesto Zedillo fueron las siguientes: fortalecimiento de la cre20, seguido por la apertura de los segmentos correspondientes a la distribución del gas natural (concesiones a empresas privadas extranjeras), así como una serie de obras públicas financiadas por los Proyectos de Infraestructura Diferidos en el registro público (pidiregas). Éstas fueron medidas exitosas respecto de los objetivos perseguidos por el equipo en el poder. Por el contrario, los intentos de venta de algunos complejos petroquímicos no se concretaron.
b) La apertura del gas natural
Entre los factores que motivaron esta apertura, hay que señalar el incremento de la demanda de este producto, pues se prevé que, antes de 2010, remplace al carbón como segunda fuente energética mundial. La decisión que las autoridades mexicanas adoptaron de fomentar los ciclos combinados en la producción de electricidad, reforzó la expectativa de un alza importante en dicha demanda. PEMEX estimó que, con su proyecto estratégico de gas (Secretaría de Energía, Prospectiva de gas natural, 2000-2009), pasaría de una oferta de 141.58 millones de metros cúbicos diarios a cerca de 254.85 millones para el año 2008. Para lograr tal meta se pensó que habría que invertir un mínimo de cinco mil millones de dólares por año. Pero aún así, México continuaría siendo un importador de gas natural. De hecho, en el mejor de los casos, la producción de gas natural anual alcanzaría solo 8%, mientras que el crecimiento anual de la demanda se proyecta en 10%, por lo cual requeriría importar el 2% restantes 21.
La apertura y competitividad del sector, las nuevas normas ambientales y la presión de los vecinos del norte (en particular Estados Unidos) para que México abra este sector al capital privado, con el fin de que deje de importar (e influir de manera positiva en la conformación de precios regionales), a la vez que conformar un mercado regional, también ha pesado en la balanza.
La apertura fue precedida por tres tipos de medidas: un marco legal favorable (generado mayormente durante el periodo 91-93); normas acordes con los nuevos requisitos en cuestiones de medio ambiente y con un cambio de comportamiento entre los consumidores; y finalmente el nuevo marco regulatorio para el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas natural (1995-1996) que buscó fomentar el ingreso de la inversión privada en estas actividades (cfr. nota 18). Éste último debería liberar a PEMEX y orientar la empresa exclusivamente hacia las actividades de exploración y extracción.
La distribución fue el primer segmento que se abrió a principios de 1996. La cre se encargó de diseñar los reglamentos para la distribución, así como de comprobar y evaluar el cumplimiento de las compañías privadas con los términos del contrato. De 1996 a 2000 se otorgaron 21 permisos de distribución en 14 zonas geográficas distintas del país. Por otro lado, la cre estableció el reglamento del precio de venta de primera mano del gas natural, definió y aprobó el programa gradual de acceso abierto al sistema de ductos de PEMEX Gas y Petroquímica Básica (publicado en el Diario Oficial el 7 de agosto de 1996)22. Este programa se realizó en varias etapas –desde su presentación, el 1° de septiembre de 1996, hasta su apertura total, el 8 de noviembre de 1997. En 2002, las compañías privadas poseían más de 1000 Km. de gasoductos y se estimaba entonces que, para 2005, se podría aumentar 60%. Por otro lado, en la actualidad existen 15 gasoductos que cruzan la frontera entre México y los Estados Unidos con una capacidad total de 2500 millones de pies cúbicos diarios.
El 1 de Septiembre de 2004 el Presidente Vicente Fox presentó su Cuarto Informe sobre el estado que guarda la Nación, ante el Honorable Congreso de la Unión, en él detalló:
”…resultado de las reformas de 1995 para permitir la inversión privada en las actividades de almacenamiento, transporte y distribución de gas natural, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado cuatro permisos de almacenamiento y 128 permisos de transporte de gas natural, de los cuales 117 están vigentes.
Los permisos de almacenamiento de gas natural representan inversiones comprometidas por 2 336 millones de dólares para instalar cuatro terminales de almacenamiento de gas natural licuado. Con su instalación, se avanza en la cobertura de las necesidades energéticas del país y la diversificación de las fuentes de suministro.
Bajo la modalidad de transporte de acceso abierto, se han otorgado 22 permisos, de los cuales 17 se encuentran activos. Finalmente, bajo la modalidad de transporte para usos propios, hay 100 permisos vigentes y seis han sido cancelados.
De enero a julio de 2004, la CRE ha otorgado siete nuevos permisos de transporte de gas natural bajo la modalidad de usos propios. Estos permisos representan inversiones por 6.8 millones de dólares para la construcción de 18.1 kilómetros de ductos, que transportarán hasta 3 948 mil metros cúbicos diarios de gas.
A julio de 2004, se ha construido un total de 2 014 kilómetros de ductos de transporte que ya operan inversionistas privados, sistemas que representan el 17.9 por ciento de la infraestructura total de transporte de gas natural en el país.
En materia de distribución de gas natural, la CRE ha otorgado 21 permisos de distribución de gas natural para distintas zonas del país. El desarrollo y expansión de los sistemas de distribución de gas natural por ductos registra una inversión acumulada de 1 241 millones de dólares.
En materia de cobertura, los permisionarios de distribución de gas natural han reportado contar con 1 597 325 usuarios conectados a redes de gas natural en el país, cifra 22 por ciento superior a la informada en septiembre de 200323”.
Segmentación y gradualismo han definido la desregulación en estos tres ramos: se abrió totalmente la distribución a la iniciativa privada, pero en cambio el transporte se sigue compartiendo entre PEMEX y los actores privados. La comercialización y el almacenamiento quedaron muy rezagados.
c) Los Pidiregas
Con el fin de asegurar la colocación de proyectos de infraestructura, el mecanismo estipulado en los pidiregas prevé que PEMEX –es decir el Estado Mexicano- garantice los préstamos a los particulares para construir, reparar o mantener una obra pública por cuenta de la compañía petrolera. En este esquema, PEMEX se compromete a empezar a pagar la obra cuando tome posesión de ella, utilizando para esto las rentas obtenidas por su puesta en servicio. El costo de estas obras es registrado como pasivo en las cuentas públicas, lo cual plantea un problema a mediano plazo porque representan una deuda contingente de PEMEX. Se estima que los pidiregas constituyen el 59.3% de los costos de capital de la paraestatal24.
Desde 1997, los proyectos de inyección de nitrógeno en Cantarell y el de gas natural de la Cuenca de Burgos, así como la modernización de las refinerías, han sido realizados en esta modalidad financiera.
d) La situación de los trabajadores durante este período
El cct firmado el 31 de julio de 1993 y que permaneció vigente hasta agosto de 1995, dio mayores libertades a la empresa en la toma de decisiones estructurales y de modernización, así como en la formulación del Reglamento de Escalafones y Ascensos. En este último punto, se establece que cada organismo subsidiario se encargará de formular los escalafones correspondientes en los centros de trabajo de su ámbito de competencia. Además, se reduce significativamente el valor del criterio de “antigüedad” frente al de “aptitud” y “conducta laboral” en el momento de analizarse la posibilidad de un ascenso, y se restringe el derecho de antigüedad para los efectos de jubilación, litigio laboral, despido o reajuste y/o remoción de puestos, solamente a los trabajadores de planta y no a los sindicalizados en sentido general, como se establecía en el cct anterior.
En cuanto a la reducción de puestos y supresión de departamentos, se establece como facultad del patrón la adecuación de su organización y la simplificación de medidas de trabajo con absoluta libertad de la opinión sindical, y la limitación de su obligación de reacomodo si fuera posible a los trabajadores de planta y no a los sindicalizados en general, lo que se repite en relación con la indemnización por descenso de categoría. Este procedimiento debilita el ámbito de incidencia posible de la gestión sindical.
Por otra parte, la Comisión Nacional Mixta de productividad, se acomoda a la nueva estructura de PEMEX y sus organismos subsidiarios, denominándose ahora Comisión Nacional Mixta de Calidad y Productividad, integrada por los grupos mixtos de calidad y productividad presentes en cada organismo subsidiario y en PEMEX, cuyas funciones de estímulo a la capacitación y la implementación de métodos y técnicas racionalizadoras se mantienen.
2.4 Periodo de 1997 a 2006
a) La venta de los complejos petroquímicos
Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, prevaleció la idea de deshacerse de la petroquímica. Se dividió entonces la industria petroquímica en dos ramas: la petroquímica básica y la petroquímica secundaria, con el fin de reservar la primera al Estado y abrir la segunda al capital privado25. En un principio la SEMIP realizó, entre 1986 y 1993, cuatro reclasificaciones de productos con el propósito de ampliar la lista de productos de la petroquímica secundaria26. Paralelamente, la creación en 1992 de dos subsidiarias de PEMEX encargadas de la petroquímica –PEMEX Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica- reforzaron esta táctica. PEMEX Petroquímica, dependencia que no se consideraba estratégica en la Ley Orgánica de PEMEX y Organismos Subsidiarios de julio de 1992, se encargaría de la petroquímica secundaria. Con el tiempo, según se pensaba esta filial podría desaparecer. Además en el contexto del TLCAN México eliminó las restricciones que existían para la inversión extranjera en 14 de las 19 categorías de productos petroquímicos básicos y sobre todos los productos secundarios.
Después de numerosos debates (con el antecedente del NAFA y del OPFA), a partir de 1995, la dirección de PEMEX buscó vender los complejos a particulares. Sin embargo, esta vez la decisión no contó con el apoyo del STPRM; su Secretario General, Romero Deschamps, proponía la alternativa de reinvertir los recursos que dejaran los dividendos para formar a los trabajadores.
Se puede resumir la situación diciendo que la venta de los complejos petroquímicos adoptó distintas modalidades durante la administración zedillista; todas fracasaron por múltiples razones de índole legal y comercial, así como por la ausencia de consensos entre autoridades, sindicatos, partidos políticos y cámaras industriales. La politización extrema de este asunto fue retroalimentada por las deficiencias de orden legal y técnico que acompañaron el proceso de licitación.
Durante su gestión como secretario de Energía, Jesús Reyes Heroles elaboró una nueva propuesta en la que reunió estrategias diversas. De un lado, se reformó la Ley Reglamentaria del art. 27 Constitucional publicadas en el D.O. el 13 de noviembre de 1996 (adiciones a los arts. 2, 4, 5, 7, 9,10 y 15) y con esa base el 14 de septiembre de 1998 se publicó en el Diario oficial la licitación para vender el Complejo Morelos. Sin embargo, por el tipo de esquema de venta que aseguraba el control a PEMEX, fracasó la licitación.
b) Los contratos de servicios múltiples en México
Como se apuntó antes, desde mediados de los noventa, por sus cualidades particulares, el gas natural vino a reemplazar paulatinamente al combustóleo en la generación de electricidad. La Comisión Federal de Electricidad (cfe) empezó a utilizar centrales de tipo combinado, por lo que México empezó a importar este hidrocarburo (aproximadamente 30% de lo que se consume). Para responder a la demanda, hacia 1997 Pemex presentó el proyecto estratégico de Gas (peg) con el fin de aumentar su oferta de 4 999.85 millones de pies cúbicos diarios a cerca de 8 999.94 en 2008; esto lo obligaría a invertir por lo menos 5 mil millones de dólares al año. No obstante aún así México continuaría importando gas natural.
En este contexto, el gobierno de Vicente Fox creó la figura de los Contratos de Servicios Múltiples (csm), que se aplican (por lo menos en un primer momento) en la Cuenca de Burgos. A diferencia de los contratos normales, aquéllos cubren en un solo contrato los servicios de exploración, producción, desarrollo, transporte, procesamiento e infraestructura de gas no asociado; tienen una duración de 20 años y los costos son reembolsados en función del precio del gas (y no al precio de los insumos que se utilizaron en su producción).
En fecha 23 de mayo de 2001 el Periódico La Jornada publicó una “recomendación” del Banco Mundial, organismo internacional de coordinación multilateral entre Estados, para que México modificara su marco jurídico abriendo la participación de la Industria Privada Internacional en petróleo e hidrocarburos, que forman parte del área estratégica para la Soberanía Nacional establecido en el artículo 28 Constitucional.
El 24 de mayo de 2001, el mismo periódico publicó declaraciones del Presidente Vicente Fox que afirmaban que las recomendaciones del Banco Mundial eran líneas estratégicas que el país tenía que seguir y que ya estaba cumpliendo. Estas expresiones, en términos de obligación de seguir y de cumplimiento, corresponden más al concepto de orden (proveniente de un organismo extranjero) que del concepto de recomendación.
A partir de esa fecha, los responsables de la Política Petrolera en México, empezando por el Presidente Vicente Fox Quezada, y los sucesivos Secretarios de Energía, así como los Directores Generales de PEMEX Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, han implementado una política petrolera de renuncia al monopolio exclusivo del Estado en hidrocarburos, promocionando los llamados Contratos de Servicios Múltiples.
El primer hecho de esta política ocurrió el 30 de mayo de 2001, con la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en que se establece: La industria petroquímica y la de gas natural requieren también transformaciones importantes que alienten una mayor inversión. Para lograrlo es necesario ampliar las posibilidades de inversión privada, reestructurar la cartera de proyectos, eliminar los obstáculos que impiden o dificultan la integración de cadenas productivas, y promover la ejecución de proyectos de interconexión de electricidad y gas natural en ambas fronteras.Por lo anterior, es necesario explorar nuevas posibilidades de inversión pública y privada, sin perder de vista que el gasto en infraestructura debe responder a criterios de beneficio social y de eficiencia en la asignación de recursos27.
Es decir, sólo 7 días después de formulada la “recomendación” de permitir la inversión privada internacional en hidrocarburos, el Presidente Vicente Fox la establece como un prioridad del Plan Nacional de Desarrollo.
La “nueva posibilidad de inversión privada” encontrada por los responsables de la Industria Petrolera en la administración del Presidente Vicente Fox fueron los denominados Contratos de Servicios Múltiples, cuya promoción entre grupos extranjeros del sector privado dio a conocer a la sociedad el periódico La jornada en su edición del 14 de junio de 2002.
Petróleos Mexicanos publicó el Modelo de Contrato de Servicios Múltiples utilizado para la llamada “Primera Ronda” correspondiente a licitaciones para la Cuenca de Burgos en el 2003. De este modelo, es de destacar:
En la cláusula 1 , correspondiente a DEFINICIONES, se establece textualmente:
“gas natural” o “gas” significa los hidrocarburos que en condiciones atmosféricas de presión y temperatura ambiente mantienen su condición gaseosa, “gas no asociado” significa gas natural que proviene de Yacimientos que no son Yacimientos de Petróleo Crudo.
Por tanto, el Convenio Modelo de los Contratos de Servicios Múltiples reconoce textualmente que el “gas no asociado” es “gas” y, por tanto, es un hidrocarburo
En la cláusula 3, textualmente se establece que el objeto del contrato es encomendar a una compañía contratista (es decir, a una compañía que pertenece al sector privado de la economía): “la ejecución y administración de las Obras relacionadas con el Desarrollo, Infraestructura y Mantenimiento de campos de gas no asociado, según se describe en la cláusula 9 de este contrato”. De modo que el objeto del contrato es permitir al sector privado realice funciones y tenga participación en hidrocarburos, lo cual es un área estratégica de la economía para la Soberanía Nacional.
En la cláusula 4, correspondiente al Marco Jurídico, textualmente se establece que: “las Partes reconocen que las actividades de exploración, explotación, elaboración y ventas de primera mano de gas constituyen actividades reservadas a la Nación mexicana de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Obviamente, como el “gas no asociado” es “gas” (de acuerdo a la previa definición de la cláusula 1), debe entenderse que expresamente reconocen que legalmente la Constitución reserva de forma exclusiva a la Nación la exploración, explotación, elaboración y ventas de primera mano de gas, incluyendo el denominado “gas no asociado”.
En la cláusula 9.1 al hacer la descripción de Obras que realizará el sector privado en Campos de gas no asociado se establecen los siguientes: servicios geológicos y geofísico, incluyendo adquisición, procesamiento e interpretación de datos (Estas actividades corresponden a exploración de gas); servicios de ingeniería, incluyendo ingeniería de yacimientos e ingeniería de producción (estas actividades corresponden a explotación de gas); servicios relacionados con Desarrollo incluyendo perforación de pozos y estimulación de pozos (nuevamente se trata de actividades que corresponden a explotación de gas)
Así pues, queda detallado que se le faculta a una compañía del sector privado a realizar actividades reservadas exclusivamente para la Nación; violando una disposición expresa del artículo 28 Constitucional establecida en ejercicio de la Soberanía de la Nación precisamente para asegurar tal Soberanía Nacional.
A partir del 16 de Octubre del 2003, PEMEX ha emitido boletines de prensa informando de las adjudicaciones de estos contratos, cuatro para los bloques Reynosa-Monterrey, Cuervito, Misión y Fronterizo, dentro de la Cuenca de Burgos. El quinto contrato se adjudicó en enero de 2004 para ejecutar las obras de desarrollo, infraestructura y mantenimiento de campos de gas no asociado en el bloque Olmos, también en la Cuenca de Burgos. Es evidente que los principales beneficiarios de este atentado a la Soberanía Nacional son grupos extranjeros:
REPSOL, empresa petrolera de España (Boletín de Prensa No. 258, 16 de Octubre de 2003)
PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS), compañía brasileña (Boletín de Prensa No. 268, 23 de Octubre de 2003)
Consorcio internacional formado por la compañía brasileña PETROLEO BRASILEIRO S.A.
(PETROBRAS), la compañía japonesa TEIKOKU OIL CO. LTD. y la compañía mexicana D&S PETROLEUM, subsidiaria del GRUPO DIAVAZ (Boletín de Prensa No. 268, 23 de Octubre de 2003).
Consorcio constituido por la empresa mexicana INDUSTRIAL PERFORADORA DE CAMPECHE (IPC) y la empresa TECPETROL de Argentina (Boletín de Prensa No. 278, 30 de Octubre de 2003).
Consorcio formado por la compañía brasileña PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS), la compañía japonesa TEIKOKU OIL CO. LTD. y la compañía mexicana D&S PETROLEUM (Boletín de Prensa No. 325, 8 de Diciembre de 2003).
LEWIS ENERGY GROUP, empresa texana (Boletín de Prensa No. 11, 15 de Enero de 2004).
En fecha 9 de Enero 2004, PEMEX emitió el Boletín de Prensa No. 6 de 2004; en que se informaba que se iniciaron los trabajos en los primeros cuatro bloques de los Contratos de Servicios Múltiples en la CUENCA DE BURGOS.
Las licitaciones se celebraron en un ambiente de controversia política y jurídica; además desde el verano de 2004 han sido objeto de diversas controversias legales. La permisividad de estas actividades, contrarias al artículo 28 Constitucional garante de la Soberanía Nacional, fue una política pública deliberada del Presidente Vicente Fox, y distintos funcionarios públicos encargados de la Industria Petrolera, en la línea de reestructuración seguida en las últimas dos décadas. Dentro de las acciones que se han emprendido en contra de este tipo de contratos están las siguientes:
Demanda civil de nulidad de contrato formulada por la UNTCIP.
Demandas civiles de nulidad de contrato formuladas por un grupo de senadores de la República y diputados federales.
Denuncia penal por Traición a la Patria, sabotaje y delitos contra la Economía y Riqueza Nacionales, formulada por la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros.
Auditoría de legalidad ante la Auditoría Superior de la Federación. Detectó diversas ilegalidades en la elaboración de los CSM y recomendó a PEMEX no otorgar nuevos contratos mientras no se aclarara definitivamente su legalidad.
c) La chatarrización de PEMEX
Paralelamente a la promoción, licitación y adjudicación de los Contratos de Servicios Múltiples; los responsables de la Industria Petrolera, para justificar la actual política petrolera de renuncia a la Soberanía Nacional sobre petróleo e hidrocarburos en beneficio de grupos extranjeros, han implementado un esquema de “chatarrización” de PEMEX consistente en entorpecer el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.
En el Informe escrito del Cuarto Informe del estado que guarda la Nación, rendido ante el Honorable Congreso de la Unión, el Presidente Vicente Fox señaló que en 2004, el 65.7% de los recursos públicos correspondientes a inversión presupuestaria se dedicaron al pago de intereses de tales obras a cargo de particulares; mientras que sólo el restante 34.3 por ciento se dividió entre mantenimiento de instalaciones, a la construcción de obras, investigación y desarrollo, protección ecológica y adquisiciones capitalizables. Es decir, la inversión presupuestaria de PEMEX , en vez de enfocarse prioritariamente al funcionamiento y mantenimiento de la Industria Petrolera, termina en manos de grupo del sector privado de la economía, tanto nacionales como extranjeros.
La falta de asignación de recursos presupuestales a mantenimiento ha ocasionado un rezago histórico en el rubro. El 31 de enero de 2005 el mismo Director General actual de PEMEX, Luis Ramírez Corzo, confesó ante la Tercera Comisión dictaminadora de la Comisión Permanente que el año pasado los recursos para mantenimiento alcanzaron niveles críticos y que en los últimos once años no se ha alcanzado el nivel estándar internacional requerido para el mantenimiento, existiendo actualmente un rezago de 71 mil millones de pesos.
Así pues, la administración ha proseguido la política de desmantelar las instalaciones. He aquí algunos casos:
PEMEX exploración y producción: todos los activos operados por los técnicos mexicanos para realizar las actividades de exploración y perforación se han reducido: de 220 equipos de perforación que había, sólo quedan 30. Además de afectar el patrimonio de la empresa y de la nación, el hecho tiene el agravante de la comercialización de los equipos como chatarra, y que en algunos casos, tales equipos son arrendados a PEMEX por los mismos particulares que los adquirieron.
PEMEX refinación: en algunas refinerías se han dejado de producir gasolinas y se han dado de baja algunas plantas, por ejemplo en el caso de Minatitlán, se dio de baja la torre de alto vacío, las fraccionadotas de aromáticos y de xilenos y otras, asimismo se dejó de producir gasolina nova de consumo nacional y de exportación. Por otra parte se ha desmantelado la flota pesquera, comercializando los barcos que se venden como chatarra y posteriormente se rentan a PEMEX. El programa de reconfiguración de Refinerías es un modelo que muestra todo lo negativo de permitir la inversión y el desarrollo de obras estratégicas en manos del capital internacional: por ejemplo, en las reconfiguraciones de Madero y Cadereyta realizadas por compañías coreanas, la derrama económica se vio mermada ya que no sólo se hizo con ingeniería extranjera, sino que la mayoría de los trabajadores desde especialistas hasta soldadores, paileros y tuberos eran coreanos, los únicos puestos que ofrecieron a los mexicanos fueron los de obreros y jardineros. Asimismo, todos los materiales, maquinaria, y equipo, incluyendo las grúas fueron de procedencia extranjera. Estos proyectos dejaron mucho que desear en cuanto a la calidad del equipo y los materiales debido a la interpretación sesgada de las especificaciones que no cumplían con lo estipulado.
PEMEX Petroquímica: de 62 plantas de proceso petroquímico con las que contaba PEMEX en la década pasada, actualmente se tienen 6 plantas desmanteladas y vendidas como chatarra, 7 plantas dadas de baja y en proceso de licitación, 17 plantas fuera de operación y condenadas a ser dadas de baja, 18 plantas a baja carga por falta de materia prima o ventas no competitivas en el mercado debido a los precios interorganismos, y solamente 14 operando en forma normal, mostrando la poca o nula inversión en este sector estratégico28.
d) La situación de los trabajadores en este periodo
De acuerdo a la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, A.C. (untcip), como parte del redimensionamiento que empezó a aplicar la administración de PEMEX desde finales del 2001, las plazas de confianza disminuyeron significativamente. En términos generales, según afirman, del 2001 al 2003 fueron canceladas cerca de 9 mil plazas de confianza, desplazando a profesionistas y trabajadores de carrera en la Institución (vía despidos o jubilaciones forzadas). En su lugar se crearon otras 5 mil plazas para la nueva elite administrativa de PEMEX.
La característica principal de los nuevos funcionarios, es que la mayoría proviene de las empresas privadas nacionales e internacionales (algunas ajenas al ramo petrolero y petroquímico, como bancos y otras similares), identificados con el proyecto privatizador de la paraestatal y fieles a la administración. Según la untcip, es el la Petroquímica en donde este proceso ha tenido mayores avances, pues calculan que un 90 por ciento de los puestos ya han sido ocupados por estos funcionarios.
Otros trabajadores relacionados con la industria petrolera que siguieron sufriendo una serie de afectaciones fueron los de las compañías contratistas de PEMEX, particularmente en el caso de plataformas marinas. Entre las violaciones a sus derechos humanos laborales se cuentan: firmas de contratos en blanco para ser rellenados según los intereses del patrón; afiliación a sindicatos “blancos”; renuncias anticipadas como condición para percibir sus salarios; la antigüedad es negada; las capacitaciones son letra muerta también; las prestaciones de ley como aguinaldo y vacaciones son cubiertas con cantidades ínfimas sólo para cubrir los requisitos ante la ley (los salarios están compuestos en su mayoría con bonos, premios por asistencia, ayudas, recompensas, etc); las cantidades cotizadas al seguro social o al Infonavit no concuerdan con los salarios que reciben; el reparto de utilidades no se otorga; no hay estabilidad en el empleo (en el mes de diciembre son comunes los despidos masivos y la recontratación de nuevo personal ); el servicio médico está negado durante el periodo de trabajo, pues sólo tienen derecho a primeros auxilios; aun realizando las mismas labores que los trabajadores que trabajan directamente para PEMEX, los sindicalizados son los únicos que reciben todas las prestaciones de ley de manera completa.
Son más de 5000 trabajadores los que se encuentran en alguna de las situaciones descritas anteriormente29.
Conclusión
En resumen, el análisis de las transformaciones sucesivas en la estructura y organización de PEMEX y de los contratos colectivos de trabajo entre el stprm y la empresa a partir sobre todo de de 1989, arrojan un saldo favorable a los intereses del capital privado en detrimento de la propia industria y de los derechos humanos laborales de los trabajadores.
En relación a las afectaciones a la industria petrolera, se observa un deterioro continuo en las instalaciones de la paraestatal (chatarrización) y una concentración en la producción del crudo en detrimento de actividades de transformación de los hidrocarburos o ciertos servicios ligados al gas natural, lo cual, además de ocasionar la sobreexplotación de un recurso no renovable (sin preocuparse por la exploración de reservas probadas), tiende a buscar la intervención de las empresas petroleras internacionales en un ámbito que es de dominio exclusivo de la nación, derivando los recursos económicos que el pueblo de México tanto necesita, hacia los bolsillos de los grandes inversionistas de otros países. Si bien el elemento jurídico ha tenido mucho peso en este asunto (a veces incluso más que las consideraciones técnicas y financieras), al parecer es el elemento nacionalista –en su dimensión simbólica- el que todavía pesa más en la opinión pública.
Por lo que respecta a la reformulación de los roles de la empresa y los trabajadores, la política laboral de PEMEX en los últimos 24 años ha minado significativamente los derechos humanos laborales de éstos, particularmente el derecho al empleo estable, a condiciones satisfactorias de trabajo y a la irrenunciabilidad de derechos adquiridos, entre otros. Asimismo se ha debilitado notablemente la credibilidad del sindicato como organismo defensor de los intereses y derechos de los trabajadores. En su conjunto esta política favorece una estrategia empresarial de reducción de costos e incremento de la productividad, sin mejora alguna en la vida de los trabajadores de PEMEX ni de los de las empresas contratistas al servicio de la paraestatal.
3. Ingresos petroleros y gasto público30
3.1 La dependencia de los ingresos petroleros
Paralelamente a esta reestructuración, desde hace aproximadamente dos décadas, la dependencia de los ingresos petroleros por parte del sector público ha ido en aumento, representando en promedio, una tercera parte de sus recursos31.
Así por ejemplo, durante el sexenio 2000-2006, los recursos de este sector estuvieron compuestos en un 34% en promedio, por recursos petroleros (cfr tabla 1), lo cual se acentuó durante los últimos tres años, debido a que, desde 2003, el precio del petróleo se cotizó muy por encima del precio proyectado anualmente. Por otra parte, durante este mismo lapso de tiempo los ingresos tributarios no aumentaron de manera substancial (cfr. tabla 2).
Esta dependencia ha generado dos problemas principales: en primer lugar, el régimen fiscal al que se encontraba sujeta la empresa estatal, PEMEX, permitía que ésta retuviera únicamente 30% de los recursos obtenidos por la venta del petróleo. Debido a que estos recursos no eran suficientes para cubrir los gastos operativos de la empresa y para reinvertir en su modernización, la paraestatal comenzó a adquirir deuda de forma tal que, actualmente, los pasivos de PEMEX son superiores al billón de pesos, ubicándose así en una situación financiera insostenible. En segundo lugar, debido a que los ingresos del sector público dependen del sumamente volátil mercado internacional del petróleo, resulta difícil estimar de manera precisa los ingresos futuros y planear el gasto público.
PEMEX: inversión física e impuestos por sexenios32
(Monto en miles de millones dólares) ª
PEMEX: evolución de la inversión física y los impuestos por sexenio33
PEMEX: inversión física e ingresos totales, por sexenios34
(Monto en miles de millones dólares de 1994) ª.
PEMEX: evolución de la inversión física e ingresos totales, por sexenios35
3.2 Los ingresos petroleros excedentes
Por otra parte, los ingresos excedentes obtenidos en los últimos años, tampoco han beneficiado a la paraestatal. Durante el sexenio de Vicente Fox, los ingresos petroleros estuvieron muy por encima de los niveles proyectados, llegando a alcanzar un monto durante este periodo de 439,288 millones de pesos. Esto se debió a que la shcp subestimó el precio de la mezcla mexicana del petróleo al momento de elaborar la Ley Federal de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (pef), ya que resulta más fácil distribuir los recursos adicionales durante el ejercicio fiscal que recortar el gasto por debajo de las metas presupuestarias previstas en el pef. El resultado directo de esta forma de estimar los ingresos petroleros fue que todo el excedente obtenido, que no estaba etiquetado en el presupuesto, fue distribuido de forma discrecional por el Ejecutivo, sin que la Cámara de Diputados fungiera como contraparte, pues esas facultades le otorgaba la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público (lpcgp).
Esta situación se trató de corregir, al menos en parte, con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que éste incorporaba los lineamientos de distribución de los ingresos excedentes. Sin embargo, fue hasta que se aprobó la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (lprh) en abril de 2006, cuando se especificaron los rubros en los que deben asignarse los recursos adicionales en caso de que el gasto no programable aumente durante el ejercicio fiscal, lo que disminuye la discrecionalidad del Ejecutivo.
El hecho de que los ingresos excedentes se utilizaran sin ningún tipo de planeación y programación hace pensar que las políticas de este sexenio fueron pensadas para tener beneficios únicamente a corto plazo: los recursos extraordinarios se asignaron sin ningún criterio de priorización.
3.3 El Fondo de Estabilización de Ingreso Petroleros
En este contexto, las instituciones creadas para salvaguardar la viabilidad financiera de PEMEX, como la creación del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (feip)36, no han dado mejores resultados, pues del total de recursos excedentes petroleros, el gobierno ha ahorrado únicamente 3% de ellos37.
Nuevamente la discrecionalidad en el ejercicio del gasto y la falta de rendición de cuentas por parte del Ejecutivo en cuanto a su uso, inciden en la disminución de recursos del feip. El problema reside en que la operación del Fondo se encuentra a cargo del Comité técnico del Fideicomiso, el cual está integrado por los titulares de las Subsecretarías de Ingresos y de Egresos de la shcp, sin que nuevamente participen contrapartes del Legislativo. De acuerdo a las Reglas de Operación del Fondo, el Comité tiene la capacidad de “autorizar el monto de los recursos que, en su caso, deberán retirarse del patrimonio del Fondo para compensar una caída de ingresos por exportación de petróleo considerados en la Ley de Ingresos de la Federación” (art. 3, frac. 6, DO 15 marzo de 2001). Este poder elimina los contrapesos que podrían asegurar el buen funcionamiento del feip y limitar su uso discrecional.
3.4 El Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
El Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (fies) se creó en 2003, mediante una aportación inicial de un millón de pesos, con el objetivo de transferir recursos petroleros adicionales a las entidades federativas, las cuales debían destinar esos recursos exclusivamente a gasto en proyectos de inversión en infrestructura y su equipamiento. Adicionalmente, se podrán incluir gastos indirectos por concepto de la realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de dichas obras. Desde su creación y hasta la fecha, los estados han obtenido en total 59,378.82 millones de pesos a través del fies.
El Presupuesto de Egresos de la Federación establece que los recursos del Fondo se distribuirán de acuerdo a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones, la cual a su vez se determina con base en el número de habitantes de cada entidad y la cantidad de recursos que recaudan. Esto significa que, debido a los criterios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, los estados con poca población o con una recaudación baja son los menos beneficiados –tanto por los recursos que distribuye anualmente la Federación, como por los recursos excedentes obtenidos por la venta del petróleo.
De ahí que los Estados que más recursos han recibido son el Estado de México y el D.F., y junto con Veracruz, Tabasco, Jalisco, Estado de México y Nuevo León absorben casi 50% de los recursos del Fondo. Mientras tanto, dos de las Entidades más pobres de México –Oaxaca y Guerrero- obtienen únicamente 2% del total de recursos cada una. Este tipo de distribución acentúa las desigualdades a lo largo y ancho del país.
Conclusión
México aún depende en gran medida de los ingresos petroleros para el financiamiento del sector público lo cual ha generado, entre otras cosas, que el régimen fiscal al que se encontraba sujeta la empresa estatal, PEMEX, permitiera que ésta retuviera únicamente 30% de los recursos obtenidos por la venta del petróleo. Debido a que estos recursos no eran suficientes para cubrir los gastos operativos de la empresa y para reinvertir en su modernización, la para estatal comenzó a adquirir deuda de forma tal que, actualmente, los pasivos de PEMEX son superiores al billón de pesos, ubicándose así en una situación financiera insostenible.
Adicionalmente, el hecho de que los ingresos excedentes se utilicen para cubrir el aumento en el gasto público refleja el poder discrecional y la falta de transparencia del Ejecutivo en el uso de los recursos provenientes de un bien escaso y no renovable. En la práctica, no existe ningún contrapeso a la hora de decidir hacia dónde deben ir los recursos adicionales, y por lo mismo no se garantiza que dichos recursos se estén aprovechando en infraestructura que ayude a disminuir la brecha de desigualdad que impera en nuestro país.
4. Experiencia de resistencia frente a la privatización de PEMEX
A lo largo de estos años se han desarrollado algunas iniciativas para frenar el proceso de privatización en la paraestatal, tanto por parte de los trabajadores de Pemex, como de las organizaciones de la sociedad civil.
Dentro de las primeras podemos mencionar, a manera de ejemplo las acciones desarrolladas por la Alianza Nacional de Trabajadores Petroleros (andtp)38 y por el Comité Nacional de la defensa del patrimonio petrolero (que posteriormente se consolidó como Comité Nacional de la Energía)39, la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza (UNTCIP) 40, entre las que se cuentan:
4.1 Acciones desarrolladas por los trabajadores
Demanda civil de nulidad de contrato de servicios múltiples formulada por la UNTCIP.
Denuncia penal por Traición a la Patria, sabotaje y delitos contra la Economía y Riqueza Nacionales, formulada por la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros.
Participación de la ANDTP en elecciones petroleras de los años 1999 al 2006 y organización del Comité de Observadores Civiles de cada una de esas elecciones. La búsqueda de la democratización del STPRM va estrechamente unida con la defensa de esta industria y de las condiciones de los trabajadores petroleros.
Organización de Campaña de acciones múltiples contra la venta del Complejo Petroquímico Morelos: movilización social, Foro, volanteo, camisetas, marchas locales, perifoneos, etc, por parte de la ANDTP.
Por lo que respecta a la segundas nos referiremos a la “Campaña por un PEMEX, bajo administración pública, transparente, seguro, productivo, sustentable, eficiente y respetuoso del ambiente, las comunidades y los derechos humanos laborales”, la cual fue desarrollada por diversas ONG’s junto con trabajadores.
4.2 Acciones de los organismos de la sociedad civil
Campaña por un PEMEX, bajo administración pública, transparente, seguro, productivo, sustentable, eficiente y respetuoso del ambiente, las comunidades y los derechos humanos laborales.
Ante los distintos problemas que enfrenta la industria petrolera del país, diversas organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, especialistas en la industria petrolera, organismos no gubernamentales avocados a la transparencia en el manejo de recursos públicos, servicios municipales, grupos de trabajadores entre otros, decidieron emprender una campaña con miras a lograr un PEMEX, bajo administración pública, transparente, seguro, productivo, sustentable, eficiente y respetuoso del ambiente, las comunidades y los dhl.
El hecho de lograr articular estratégicamente diferentes actores, enfoques y tipos de respuesta en una acción con el mismo fin, permitió obtener una defensa integral de la industria, en la cual la sociedad civil se vio también presente.
Entre los objetivos específicos de la Campaña se encontraban:
Interesar a la sociedad, informándola, respecto de un PEMEX bajo administración pública, transparente, seguro, productivo, sustentable, eficiente y respetuoso del ambiente, las comunidades y los derechos humanos laborales;. Atacar problemas reales de pemex, que favorecen la imagen negativa que públicamente se tiene de la empresa como Paraestatal.
Involucrar a los actores sociales relacionados con pemex directa o indirectamente (trabajadores, pobladores, autoridades, legisladores, dependencias oficiales, universidades, organizaciones sociales, etc.).
Incidir en la coyuntura política mediante la elaboración, discusión y cabildeo de alternativas integrales, viables y urgentes.
llegar a compromisos reales, tangibles, de los diferentes actores.
Hacer visibles a los diferentes actores que han participado en campañas relacionadas con el petróleo.
En julio de 2005 se efectuó el primer pronunciamiento conjunto en el marco de la revisión del contrato colectivo de la paraestatal, y en octubre del mismo año el segundo, con motivo de la modificación que hubo en su régimen fiscal. Paulatinamente, las acciones de la campaña, sin perder su especificidad, se fueron coordinando con las de otros organismos que perseguía objetivos similares: el Comité Nacional de la Energía (cne), en el cual se agrupaban todos los trabajadores del sector de la energía.
Las últimas acciones se efectuaron en el mes de noviembre del 2006, con la presentación dentro del Foro Nacional por la Unidad en Defensa del Sector Energético, efectuado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, de los materiales y propuestas finales emanadas de esta estrategia integral de defensa.
La campaña sirvió para difundir el problema petrolero y avanzar en las líneas generales de un consenso de proyecto alternativo para PEMEX. Se asoció la situación precaria de los trabajadores de la paraestatal con la situación de desmantelamiento de la empresa. De igual forma, se consolidó un acercamiento solidario entre los compañeros de andtp y de la untcip.
Como resultado de las acciones emprendidas se obtuvo:
1. Avanzar en la construcción de consensos en torno al diagnóstico de la situación de PEMEX y de un proyecto alternativo integral.
2. Colaborar en ciudadanizar el interés por la situación de pemex, pues además de la participación de las y los trabajadores petroleros y especialistas en los aspectos técnicos, también se logró interesar a organizaciones dedicadas a la transparencia en el manejo de recursos, ambientalistas, organismos de derechos humanos, y de dhl, y de las comunidades petroleras afectadas, principalmente en Cunduacán.
3. Se logró difundir y posicionar en el medio petrolero y energético propuestas concretas y realistas, con el respaldo ciudadano, muy necesario para poder cabildear en diversas instancias. Se abrió la posibilidad de diálogo entre comunidades y las y los trabajadores petroleros.
4. Los resultados significan un paso importante en la lucha por la no privatización de pemex. El futuro depende de una mayor y mejor difusión, diálogo, cabildeo, y de los procesos educativos que puedan generarse en torno al proyecto mismo.
5. Se avanzó notablemente en la integración del tema energético nacional, el cual tal y como lo expresaron los participantes en el Foro por la unidad y la defensa del patrimonio energético de los mexicanos.
Las organizaciones de trabajadores que propusieron y apoyaron esta campaña: la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (ANDTP), Grupo Ingenieros PEMEX Constitución del 17, Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección XXVI, Sindicato Mexicano de Electricistas, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera.
Las organizaciones sociales que impulsaron esta campaña fueron: Cal y Canto A.C., Comité de Acción y Orientación Sindical (CAOS), Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales, Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Servicios Municipales, Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB), Cultura, Trabajo y Democracia A.C., Equipo Pueblo, Pastoral Obrera de Ciudad Juárez, Red Internacional de Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse (FIAN-México), Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México y Tequio Jurídico AC. También apoyó el Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco.
También apoyaron la campaña las siguientes personalidades y académicos: Agenor González Valencia, Antonio Almazán González, Arturo Alcalde Justiniano, Eduardo Estañol Vidal, Fabio Barbosa Cano, Filomeno Plata, Francisco Carrillo Soberón, Gabriela Gutiérrez Lomasto, John Saxe Fernández, José Luis Manzo Yépez, Mauricio Velásquez Rosales, Rafael Decelis Contreras, Raúl Vera, Víctor Rodríguez Padilla y Sergio Straffon Vázquez.
4.3 Constitución del Comité Nacional de la Energía.
El 18 de marzo de 2006, trabajadores de las diversas industrias del sector energético se organizaron en el Comité Nacional de la Energía para congregar y fortalecer sus esfuerzos y resistencias para lograr el rescate de este sector estratégico. En sus objetivos principales destaca la defensa de la industria petrolera y el impulso de un proyecto integral para el desarrollo de PEMEX, como una empresa integrada (regresando al modelo unitario frente a la división fabricada por el proyecto privatizador) y con autonomía de gestión que le permita desarrollarse como una empresa productiva, competitiva internacionalmente, donde la renta petrolera quede directamente vinculada con el desarrollo social del país. El Comité Nacional de la Energía se constituyó como Asociación Civil el 10 de noviembre de 2007.
Las organizaciones que constituyen este Comité son: Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (ANDTP), Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), Coordinación Nacional de Electricistas del SUTERM (CNE-SUTERM), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), Grupo Ingenieros PEMEX Constitución del 17, Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), además de varios académicos como John Saxe Fernández, Fabio Barbosa Cano, Víctor Rodríguez Padilla, Rafael Decelis Contreras y José Luis Manzo Yépez.
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